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El Fobaproa de Andrés Manuel


Darío Celis

En medio de la emergencia, o el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha dado cuenta, o le está mintiendo a los mexicanos.


Su gobierno sí está endeudando al país; sí le está torciendo el brazo al Banco de México (Banxico), y sí está configurando una economía ficticia que podría detonar más inflación en los próximos meses.


En plena crisis de salud, que amenaza con transformarse en una crisis endémica, el gobierno de la 4T lanzó ya su propio Fobaproa, del que se valió Ernesto Zedillo para evitar el colapso económico.


Hay que leer bien las “10 medidas adicionales para promover un comportamiento ordenado de los mercados financieros, fortalecer los canales de otorgamiento de crédito y proveer liquidez para el sano desarrollo del sistema financiero..” que lanzó la semana pasada Banxico.


En 1995 el presidente Bill Clinton otorgó a México una línea extraordinaria de 50 mil millones de dólares para darle liquidez a la banca, que por el llamado 'error de diciembre' se fue a la quiebra. Los recursos se garantizaron con petróleo y pasaron por el tamiz del Poder Legislativo.


Veinticinco años después el organismo que gobierna Alejandro Díaz de León diseñó un vehículo parecido: el punto 10 sobre “Coberturas cambiarias liquidables por diferencias en dólares de Estados Unidos con contrapartes no domiciliadas…” es una suerte de préstamo.


Pero a diferencia del crédito con garantía que nos dio Clinton, éste es otro de 60 mil millones de dólares que Estados Unidos nos da en forma de swap denominado en dólares.


Al final la Junta de Gobierno, integrada también por Irene Espinosa, Javier Guzmán, Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, avaló la emisión del instrumento, el cual se denominará en pesos pero se terminará pagando en dólares.


Quien asume un swap se obliga a liquidarlo en un futuro: Banxico pagará los dólares a un tipo de cambio alto y con premio. Ni el Instituto Central ni la Secretaría de Hacienda, que maneja Arturo Herrera, han dado cuenta a qué tipo de cambio se tomó y la prima que pagará.


El gobierno de AMLO, como en su momento el de Enrique Peña Nieto, le dio la vuelta a la Ley de Deuda Pública y dejó la buchaca abierta para que sea la banca de desarrollo la que pueda seguir financiando a Pemex, que mal dirige Octavio Romero, o la CFE que peor maneja Manuel Bartlett; o proyectos faraónicos como el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía.


En el punto 3, que habla de la “Ampliación de contrapartes elegibles para facilidad de liquidez adicional ordinaria (FLAO)”, estamos ante un real aumento presupuestal que tendría que ser considerado deuda pública.


Ciertamente, el Banxico no está regulado por la Ley de Deuda Pública, lo que técnica y legalmente no implica contabilizar nueva deuda. Pero en los hechos sí se trata de nueva deuda nacional.


También implica un virtual relajamiento del encaje legal, que lleva a elevar el circulante en 250 mil millones de pesos, recursos que se prometen dirigir a empresas y personas físicas para reactivar la economía por el efecto del Covid-19.


En todo momento las autoridades del Banco de México aseguran que el circulante quedará esterilizado, para evitar malas experiencias del pasado. Pero no quedan claras las medidas prudenciales, cuyas consecuencias nos remontan a los sexenios priistas.


A bote pronto se ve atractiva la liquidez, pero de la nada el Instituto Central está inyectando a la economía casi 10 mil millones de dólares que sí pueden disparar el riesgo inflacionario porque no va acompañado de un crecimiento de la producción y servicios. Habrá más circulante, pero no necesariamente más oferta.


Los puntos 4, 5, 6 y 8 del plan del Banxico son el salvavidas que hace un cuarto de siglo Zedillo instrumentó con su entonces secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, para evitar la corrida financiera de la banca y con ello el quiebre masivo de empresas.


Estas medidas de política monetaria liberan una masa de 750 mil millones de pesos, algo así como 30 mil millones de dólares más, para que mediante operaciones de reportos el Banxico abra la puerta a bancos comerciales y empresas AAA para que le transfieran certificados bursátiles corporativos de corto plazo y deuda corporativa de largo plazo.


¿Qué hace la diferencia entre lo de ahora y el Fobaproa, el rescate que tanto satanizó López Obrador? No hay tanta diferencia entre absorber, hoy, valores gubernamentales y títulos corporativos, y haber absorbido, ayer, carteras de empresas endeudadas que estaban en los balances de los bancos.


Cuando Zedillo creó el Fobaproa en 1992 puso al frente de ese fideicomiso a Manuel Camacho Téllez. Fue este funcionario, que tenía como jerárquico superior inmediato a Angel Palomino, entonces director de Análisis del Sistema Financiero, el que realizó los primeros movimientos.


Por aquellos días un joven economista ingresó al Banxico y también quedó bajo las órdenes de Palomino. Era Alejandro Díaz de León, que entró como analista en la Subgerencia de Estudios del Mercado de Valores y de ahí a la Subgerencia de Análisis del Sistema Financiero.


Quien diría que 30 años después ese economista que se graduó del ITAM con honores vendría a poner al Banxico como instrumento de contención de la crisis con una receta de medidas que la 4T se niega a implementar.


Algunos ya se empiezan a preguntar si el famoso mandato dual que el 29 de julio del año pasado pidió López Obrador al banco de bancos, en la práctica está operando. Otros, si su disruptiva entrada a escena no es una graciosa concesión al nuevo régimen.


RESULTA QUE EL Banco Accendo convocó a asamblea este jueves para poner en blanco y negro su asociación con Grupo Toka. Una vez tomados los acuerdos comenzaría un detallado proceso de autorizaciones de la CNBV, Banxico y la SHCP. Pues le comento que además de las medidas cautelares que había logrado Moisés Cosío, resulta que el juez Quinto de Distrito en la CDMX prohibió la celebración de dicha asamblea y ordenó notificar de inmediato a Accendo y a la propia CNBV. Se le complicó pues el escenario a Javier Reyes. Si desobedece la suspensión, los participantes se exponen a sanciones legales y desde luego la instancia que preside Juan Pablo Graf no podrá iniciar el proceso de autorizaciones de acuerdos tomados en una asamblea celebrada en violación de una suspensión dictada por un juez federal.


LA CFE ACABA DE adjudicar a Casanova Rent un contrato de 220 millones de pesos para arrendar 7 mil vehículos usados. Aunque no se especifica, se cree que son sedanes, pick ups sencillas y de doble cabina que prestaban servicio en contratos de arrendamiento que Carlos y Joaquín Echenique ganaron en el pasado.


ALLEGADOS A CARLOS Peralta, el presidente de Grupo IUSA, nos aclararon ayer que el empresario no asistió a la boda de la hija del abogado Juan Collado el 18 de mayo del año pasado en una finca en el Estado de México.


fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/

28/04/20  (23:45).

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